El Pleno de la Suprema Corte de Justicia rechazó este jueves los recursos de oposición que presentaron la Procuraduría General de la República y dos de los imputados del caso Odebrecht a la resolución que declina el proceso a la Segunda Sala del alto tribunal, en el caso de Tommy Galán, y a primera instancia para el resto de los acusados.

Con esta decisión el proceso queda a la espera de que el expediente sea enviado ante la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional y a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia para el conocimiento del juicio.

El Pleno emitió la resolución 00235/2020, que rechaza los recursos de oposición parciales presentados por la Procuraduría General de la República y los imputados Conrado Enrique Pittaluga Arzeno y Porfirio Andrés Bautista García.

En su decisión, el Pleno reafirmó la facultad excepcional de la Suprema Corte de Justicia para conocer, únicamente, las causas penales seguidas a los funcionarios mencionados en el artículo 154 de la Constitución, por lo que, bajo el amparo del derecho al juez natural y el derecho al doble grado de jurisdicción, ratificó la decisión de enviar a la Presidencia de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional a los imputados Ángel Rondón, Víctor Díaz Rúa, Porfirio Andrés Bautista, Juan Roberto Rodríguez y Conrado Pittaluga Arzeno, para que les sea designado un tribunal colegiado que conozca el juicio.

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El tribunal también ratificó la decisión de enviar al senador Tommy Galán a la Segunda Sala de la SCJ, reafirmando que dicha disposición no altera la competencia ni el mandato constitucional que hace a esta corte el artículo 154.1 de la Constitución, ni tampoco crea una nueva instancia, sino que garantiza el derecho al recurso que tienen todas las partes en el proceso penal.

El Pleno también reafirmó su decisión en el sentido de que permanecen válidos todos los actos cumplidos con anterioridad a la resolución 004-2020, de fecha 28 de enero de 2020, entre ellos, el auto de apertura a juicio dictado por el magistrado Francisco Ortega Polanco.

La decisión fue adoptada por mayoría de votos con la disidencia de los magistrados Manuel R. Herrera Carbuccia, Francisco A. Jerez Mena, Fran E. Soto Sánchez, María G. Garabito Ramírez y Vanessa E. Acosta Peralta.

El MPT culpa a la Junta Central electoral y al PLD de crisis electoral

SANTO DOMINGO, R. D.- El Movimiento Patria Para Todos (MPT) consideró que la suspensión de las elecciones municipales por fallas técnicas en el voto automatizado es un hecho sin precedente en el país que evidencia el poco respecto que tiene la Junta Central electoral, el gobierno y los partidos tradicionales por la democracia cuando sus intereses peligran.

Afirma que los mayores responsables de la crisis electoral creada en el país son la Junta Central electoral y el gobierno del PLD, ya que son parte de una componenda anti-democrática.

La organización demanda la reprogramación de dicho proceso en un plazo que no los 30 días, tal como establece la Ley 15-19 sobre régimen electoral y demanda que la JCE sea supervisada por una comisión de ciudadanos honestos para que pueda recobrar la credibilidad.

El MPT le pide al pueblo dominicano y sus organizaciones democráticas estar alerta ante esta crisis que envuelve múltiples intereses y que se puede agudizar en caso de que no se introduzcan los correctivos de lugar a tiempo.

“Desde hace más de un mes existen evidencias de violaciones a la Ley Electoral expresadas en el uso de los recursos del Estado por el oficialismo y las presiones de funcionarios a empleados para favorecer las candidaturas del Partido de la Liberación Dominicana”, señala un documento remitido a la prensa.

“Este proceso de votación estuvo además intervenido por la USAID, OEA y la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica. Estos habían garantizado a través de la empresa pagada por ellos, que los equipos automatizado estaban en perfecta condiciones y resulta que no funcionaron como por arte de magia”, continua diciendo la organización.

El MPT señala que en esas violaciones de derechos constitucionales esa organización también ha sido víctima, negándoles arbitrariamente el reconocimiento electoral como partido político y acusa al Pleno de la Junta Central Electoral y al gobierno de la situación que se ha creado en el país con la suspensión de las votaciones del pasado domingo 16 de febrero de 2020, considerándolo como un hecho repudiable y contrario al interés nacional.