Propuestas para avanzar hacia la derrota del Covid-1
La difícil situación que viven los pueblos del mundo a consecuencia del capitalismo salvaje neoliberal se ha agudizado con la pandemia del COVID-19 al convertirse en una crisis sanitaria, económica, psicológica, social y política, de alcance y consecuencias imprevisibles.
A la fecha de hoy, 1 de mayo de 2020, el COVID-19 ha contagiado, en 210 países y territorios, a un total de 3 millones 200 mil personas, provocando 233 mil muertes. La magnitud de esta pandemia ha provocado que, muchos países que se creían impenetrables carguen con la mayor cuota.
Estados Unidos es el país con mayor número de contagio: 1 millón 049 mil 811 personas, y 61 mil 150 muertes, siendo la población latinoamericana la más afectada.
La gravedad de las consecuencias del COVID-19 es de tal magnitud que ha llevado a muchos a proponer la posibilidad de crear un nuevo orden económico-social-político, que supere la forma irracional de producción y consumo de bienes y servicios, la contaminación y depredación del medio ambiente que neoliberalismo ha implantado..
Esta pandemia ha semiparalizado la producción mundial y ha provocado pérdidas del empleo que superan el 25% a nivel mundial, según la Organización Internacional del Trabajo.
El impacto en la producción de bienes y servicios ha sido estimado según los escenarios de control de la pandemia. En escenarios menos agresivos y de duración de 3 a 6 meses, se proyecta una caída de la producción mundial de -2 a -3 y en América Latina de -3 a -7, China de 6% actual a 1.2%, la India a 1.9%, según el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.
Impacto de la crisis en República Dominicana
En República Dominicana el impacto en la producción nacional en el escenario de control y mitigación de los contagios de mediano plazo prevé que el crecimiento proyectado para este año, estimado en 5%, sea de 0% o menos, con pérdida de empleos, recursos productivos y financieros, elevados endeudamientos públicos y privados, déficits fiscales, devaluaciones monetarias, caídas de las principales bolsas de valores, disminución de la demanda por la falta de ingresos por el cierre y quiebras de empresas, lentitud y estancamiento del comercio, aumento del hambre y la desconfianza en el futuro.
Analistas estiman que la crisis mundial impactará negativamente a la República Dominicana afectando los envíos de remesas al disminuirlas en más de un 20% en este año, al igual que los ingresos por turismo, con descenso desde un 33%, hasta un 60%, según estimaciones del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES), aunque las predicciones del BID lo sitúan en menos 30% en el año. Este sector de servicios representa el 8% del PIB dominicano, emplea aproximadamente el 16% de la población económicamente activa (PEA), y por su peso en la economía afectará notablemente los ingresos fiscales, de divisas y las ventas de los sectores agropecuario, manufacturero, el comercio y los servicios.
El CREES pronostica para este año el desempleo en un 20% (400 mil a 600 mil empleos perdidos).El panorama económico nacional es incierto por el impacto y la magnitud de la crisis del COVID-19, y se prevé un incremento de la pobreza, de las desigualdades sociales, de la violencia de género y de la delincuencia y el deterioro significativo de los servicios públicos.
La epidemia en República Dominicana a la fecha del 30 de abril de 2020 ha impactado en todo el territorio nacional. El número de contagiados diagnosticados es de 6,972, y 301 muertos, con una letalidad de 4.32%.
Estas cifras son inferiores a las reales, pues han estado determinadas por la falta de test diagnóstico, lo cual se puede observar en 2.2 pruebas por cada mil habitantes.
El alto contagio es producto de las medidas tímidas que ha tomado el gobierno, que busca no suspender las actividades de las empresas, aunque si las de los trabajadores profesionales independientes, pequeñas y medianas empresas no dedicadas a productos comestibles y sanitarios, lo que ha producido la pérdida de decenas miles de empleos.
El aislamiento y distanciamiento físico ha sido un fiasco, pues han predominado las filas sin precauciones de distanciamiento en plazas, supermercados, bancos, agencias de envíos, entrega de alimentos de parte del gobierno y actividades diversas aun en el toque de queda.
El gobierno ha evitado por todos los medios enfurecer a la población con medidas drásticas, a pesar de que el impacto sanitario y económico sería menor, pero afectaría la simpatía del gobierno.
La epidemia ha evidenciado las debilidades del sistema sanitario dominicano. Un sector público que carece de las elementales condiciones para satisfacer la demanda de la población. No tiene capacidad para hacer prueba diagnóstica, la disponibilidad de camas son de mala calidad, y ha prevalecido la falta de insumos de protección médico, por lo que el contagio del personal de salud supera los cientos de casos, y la perspectivas es que sigan aumentando, porque el gobierno no suple los centros de salud para el manejo de la epidemia.
Hasta la fecha el número de personas que ha demandado hospitalización se ha mantenido en un rango aceptable, 1,200 personas o menos, pero de no suprimirse el contagio la demanda aumentaría y crearía un caos en el sector salud, con la consecuencia de una mortalidad elevadísima.
La economía dominicana es productora de servicios y muy dependiente para su desarrollo del exterior por lo que, la presente crisis internacional afectará sensiblemente a los sectores con mayor impacto en su crecimiento, como son el turismo, las inversiones extranjeras, remesas, zonas francas, minerías (con excepción del oro) y las exportaciones de materias primas.
Antes de la llegada del COVID-19 la República Dominicana estaba sometida a un endeudamiento creciente e insostenible, con elevados déficits fiscales por el aumento y mal manejo del gasto público, limitada capacidad para la creación de empleos acorde con el crecimiento poblacional, baja productividad y calidad en la producción, precariedad salarial, debilidades institucionales, así como una corrupción sistémica y generalizada, acompañada de impunidad; una práctica política clientelar y mercantil; poca capacidad competitiva; una pesada deuda social e histórica; insuficientes cobertura y calidad de los servicios públicos; inequidad en la distribución del ingreso nacional (una de las peores en América Latina), debilidad en el régimen político y secuestro de la democracia.
Igualmente, el país se caracteriza por tener trabajadores informales con bajos ingresos, educación y salud de baja calidad; deterioro progresivo del medio ambiente; aumento y ausencia de control efectivo de la inseguridad ciudadana y de la delincuencia; incontrolada anarquía en el tránsito; y deshumanización y pérdida de valores en la población.
Las anteriores son las principales características de la situación nacional y se han de tener presentes para enfrentar con éxito el COVID-19.
Las autoridades nacionales carecen de un plan integral y coherente para eliminar la pandemia que nos azota, no por falta de recursos, sino por carecer de convicción y voluntad política para convocar a una gran unidad nacional para el manejo de la crisis
La gestión oficial de la parte sanitaria de la crisis se ha dificultado por las debilidades del sistema de salud, con apenas 2.8% asignado del presupuesto nacional y con tendencia a la privatización, con una parte de los centros hospitalarios cerrados y muchos otros con equipos obsoletos y sin los recursos humanos ni los insumos requeridos.
El Gobierno aplica acciones tímidas y limitadas para aplicar las pruebas rápidas, manejar el confinamiento de las personas, evitar los contagios y recuperar los afectados para impedir las muertes, así como garantizar la seguridad del personal de salud y habilitación de locales adecuados para la cuarentena.
Así mismo, desde el gobierno central, se ha hecho todo lo necesario para que el candidato del partido de gobierno aparezca en el centro de las soluciones de la crisis sanitaria, mientras se ha obstaculizado la intervención de la oposición. Hay que resaltar que el estado de emergencia, con varios periodos de 17 días aprobados por el Congreso, sólo ha servido a los propósitos continuistas del presidente Danilo Medina.
La superación de la crisis en el menor tiempo y costo posibles, en sus cuatro componentes: sanitario, social, económico y político-electoral, se logrará implementando las siguientes propuestas:
1. Confinamiento total de la población por 24 horas y 14 días, como la medida más recomendable a la luz de nuestra realidad y ante las debilidades de las acciones implementadas hasta el momento. Esta medida, para que sea efectiva, se debe acompañar del suministro de los recursos necesarios para comprar y aplicar a tiempo las pruebas rápidas, proteger a las personas sanas y al personal de salud, así como recuperar y aislar los contagiados para evitar fallecimientos. Abrir con urgencia los hospitales la Plaza de la Salud (el Morgan), el Padre Billini y usar los hoteles disponibles para aislamientos de personas.
2. La cuarentena propuesta debe ponerse en ejecución con un plan económico y de asistencia y social para ayudar a los hogares y sectores más necesitados y vulnerables. El plan requerirá de aplicación ágil, eficiente y gestionarse con transparencia y honestidad, sin clientelismo político para suministrar suficientes recursos financieros, asistencias médicas, medicinas, equipos, alimentos y realizar una campaña de educación a la población. Dicho plan debe contar con el apoyo de diferentes organizaciones territoriales, como iglesias, ADP, escuelas y colegios, clubes deportivos,
El Gobierno debe elaborar e Implementar a la mayor brevedad posible el plan indicado, mediante un consenso con todos los sectores nacionales, que contenga las medidas de corto, mediano y largo plazo.
Las medidas contenidas en el plan se destinarán a beneficiar a la población, en especial la parte más vulnerable, y a reactivar el sistema productivo nacional, concentrándose en la recuperación económica de las MIPYMES, que son el 98% de las empresas, aportan el 40% al PIB y representan aproximadamente el 70% (más de 2.5 millones) de empleos.
3. La Comisión de Coordinación y Dirección del Plan de Recuperación Nacional tiene que ejercer una supervisión crítica, eficiente, comprometida, honesta, responsable y con un régimen de consecuencias para que se ejecuten con eficiencia y eficacia las medidas contenidas en el plan y se logren las metas y objetivos propuestos.
4. Para el financiamiento del Plan Económico y de Asistencia Social señalado proponemos la gestión de los recursos financieros que sean necesarios, mediante la reformulación del presupuesto nacional/2020 para disponer y modificar los acápites siguientes:
a) Modificar el monto asignado al financiamiento del gasto tributario (más del 6% del presupuesto nacional) para disponer de RD$200 mil millones asignados a las exenciones, subsidios y exoneraciones de sectores económicos-sociales, que producen ilimitados y cuestionados beneficios sociales al país, entre ellos grandes empresas nacionales y extranjeras.
b) Rebajar en un 30% los sueldos de los funcionarios públicos.
c) Eliminar las partidas presupuestarias dedicadas a la publicidad gubernamental, al barrilito y cofrecito del Congreso, a pagar dietas, viajes, tarjetas de créditos y otros privilegios asignados a los funcionarios.
d) Suspender el pago a Odebrecht, que obtuvo por arbitraje internacional.
e) Suspender el pago de los servicios de la deuda externa.
f) Eliminar los aportes económicos presupuestarios asignados a los partidos políticos por la JCE.
g) Posponer las inversiones públicas no prioritarias.
h) Dedicar el 5% del Presupuesto Nacional a la salud.
Las medidas fiscales anteriores serán completadas con otras tributarias, monetarias y financieras, que han tomado, decidirán y aplicarán el Ministerio de Hacienda, el Banco Central y la banca privada, que contribuyan a la provisión y colocación de recursos financieros suficientes para el consumo personal y para la recuperación de las empresas y del país.
Además, el Gobierno debe y puede gestionar la colaboración internacional de gobiernos, organismos y agencias de cooperación, sin tener que incurrir en nuevos préstamos.
5. Ante la crisis del COVID-19 se impone como obligación y de justicia demandar la condonación de la deuda externa del país por dos años.
6. Exigir eliminar en el mundo el tráfico de armas y las guerras de agresión a las naciones, como Venezuela, Cuba e Irán.
7. Propugnar por la construcción de un nuevo modelo de desarrollo social, económico y político, humanista, incluyente y en armonía con la naturaleza.
8. Exigir la creación de un nuevo sistema de salud pública y de seguridad social, con cobertura universal de salud y sin intermediación privada en su gestión.
9. Ejecutar en el sector agropecuario un plan de emergencia que garantice la soberanía y seguridad alimentaria, y ofrezca apoyo sin dilación a los pequeños y medianos productores del campo, que incluya entre otras medidas:
a) Capitalización del Banco Agrícola para financiar la producción de pequeños y medianos productores agropecuarios, con un período de gracia de tres años para los pagos, así como a los pequeños emprendimientos de las mujeres en zonas agropecuarias y comunidades rurales, con tasas blandas de interés de 8%.
b) Realizar una campaña de preparación de tierras, suministro de semillas de buena calidad, material de siembra y reparación de bombas y canales de riego, en coordinación con las asociaciones campesinas.
c) Condonación de deudas agropecuarias que se compruebe que hayan sido provocadas por pérdidas de la producción debido a factores como sequías, inundaciones, plagas, enfermedades y otros fenómenos naturales, así como compensación de pérdidas por falta de mercado interno y de exportación, generadas por la actual crisis mundial (bananos, hortalizas, otros).
d) Establecer un programa de compra de producción agropecuaria a pequeños y medianos productores para garantizar abastecer los mercados y vender a precios justos.
10. Implementar un plan de emergencia para disminuir y compartir con los hombres, la carga del trabajo en los hogares y controlar el aumento de la violencia física y psicológica en contra de las mujeres, que se ha creado con la cuarentena.
11. Eliminar y sancionar las acciones de corrupción en las compras y suministros públicos.
12. Nacionalizar la producción de oro y ponerla al servicio del financiamiento de la solución de la crisis.
13. Eliminar con urgencia los arrendamientos de terrenos estatales de los ingenios Central Barahona, y de los Vicini, en San Pedro de Macorís, y distribuirlos a los campesinos para la producción de alimentos y la recuperación económica nacional.
14. Garantizar que los recursos dedicados por el Gobierno para la recuperación de las MIPYMES, con la intermediación del Banco Central y administrados por la banca les sean entregados sin obstáculos y con agilidad.
15. Promover una gran unidad de los sectores y fuerzas progresistas para discutir y elaborar un plan de acción conjunta para enfrentar la presente crisis.
Aplicamos las recomendaciones anteriores con la debida responsabilidad, humildad, objetividad, agilidad y sin vacilación, y con espíritu solidario y humano, pensando siempre en el bien común, en el pueblo, de seguro que triunfaremos y venceremos el COVID-19 y sus estragos, con el menor costo posible.
Domingo Caba Ramos.
