La ética de la función pública en la cultura política dominicana
Por Cándido Mercedes.
“Hay una manera de contribuir a la protección de la humanidad, y es no resignarse”.
(Ernesto Sábato).
En el Estado dominicano no ha habido a lo largo de sus 176 años de existencia como Nación, una política de Estado en la visión de la ética aplicada a la función pública. Es más, a lo largo de ese gran interregno, donde 53 presidentes han ostentado el solio presidencial, solo 5 demostraron una férrea voluntad y disciplina en la dirección ejecutiva en contra del flagelo, del cáncer de la corrupción.
Un Estado, en tanto sociedad política organizada, ha de tratar de satisfacer la comunidad de intereses en toda la dimensión, pluralidad, como eje articulador de conflictividad. Allí donde acuden todos los intereses, en todas sus modalidades. Por lo tanto, la ética aplicada a la función pública es de extraordinaria importancia, es vital para que los actores políticos en el poder entiendan que siempre es un honor servirle al Estado, que es, en esencia, a toda la sociedad.
De ahí que la sociedad no puede asumir como normal algo que corresponde al comportamiento desviado, a una conducta inadecuada, que lesiona y perjudica al conjunto de la sociedad. La función de todo funcionario, sin importar su jerarquía, es hacer más con menos. Es ordenar y priorizar los recursos para alcanzar objetivos y metas que logren resolver los problemas y necesidades de una comunidad, de una sociedad.
Cuando la ética pública no descansa ni se desliza por todos los tejidos del Estado, el cuerpo social se dormita en un letargo que no le permite asentarse en rieles verdaderos que le auguren el desarrollo sostenible. Ello así porque la ausencia de una ética aplicada en la función pública deriva más corrupción y en consecuencia, dimana más descomposición al solidificarse la ineficiencia, la ineficacia, en todo el funcionamiento de las instituciones; se expresa, además, el incumplimiento de los actores políticos una vez llegan al poder, produciéndose un claro divorcio, abismo, entre lo que prometieron y alcanzaron; potencializando así los alcances, problemas y necesidades de la sociedad.
Es lo que trae la pérdida de confianza, la falta de credibilidad, y lo peor, la conexión emocional, sentimental, que se va desterrando en el arsenal espiritual de las personas. El hilo que lo movía a favor del sistema se va agrietando, y con ello, la necesidad de buscar la base sustantiva que anida todo ser humano: la satisfacción de sus necesidades, no importando el régimen. Miran que la democracia no puede ser el mero mecanismo de votar, encontrando que ese espacio democrático minimalista, que ha de ser libre, en libertad, con transparencia, con equidad, todavía en pleno Siglo XXI se le niega.
La ausencia de una ética aplicada a la función pública, la falta de una verdadera asunción de política de Estado en la dimensión humana de servir lleva a los que laboran a creerse que el Estado es una extensión de su casa. De ahí la visión patrimonialista. Es allí donde los funcionarios no se ven como servidores, como palanca y puente para colaborar, contribuir y coadyuvar con una mayor armonización, con una mayor cohesión social. La ética es lo que origina, además, mayor confianza en la interacción social.
En la Administración Pública existe una carencia denodada de recursos éticos, lo que hace que los mecanismos de control, tanto internos como externos, no gravitan positivamente en el armazón del Estado ni en la sociedad. Los elementos externos que han de contribuir al buen desempeño de una ética aplicada en la función pública no cumplen sus roles a cabalidad. Verbigracia: Cámara de Cuentas (todavía la sociedad espera las auditorías a las obras (17) de ODEBRECHT para ver finalmente, en que monto fueron las sobrevaluaciones de las mismas. A lo largo de estos últimos 7 años y medio que engloban los dos periodos del actual presidente, ese importante órgano de control de la estructura del Estado no ha realizado auditorías al Ministerio de Educación, de Obras Públicas, de Salud, a la OISOE, etc. etc.
En la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental, más allá de su esfuerzo por cumplir la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, no logramos descubrir sus resultados, resaltando las 42 funciones que tiene en el Decreto 486-12. PEPCA (Procuraduría Especializada Contra la Corrupción) si la cerramos seguiríamos igual. Oxfam a lo largo de 20 años (1998-2018) se encontró con 114 denuncias de corrupción. De esas denuncias que constituyen un 60.9%, solo 28.2% se abrigaron en imputación y apenas un 10.9% en condena, donde el monto en dinero fue solo de RD$267 millones, en cambio, la denuncia fue por RD$9,081 millones y la imputación abarcaba RD$1,607 millones de pesos.
Los Tucanos, ODEBRECHT, CEA, Corde, Darío Contreras, son la expresión más concreta de cómo las instituciones llamadas a velar por el control no funcionan. El Congreso, como primer poder del Estado, parecería una ficción, una mera pantomima del Poder Ejecutivo, desde el 2006 a la fecha, esto es, 14 años. ¡No controlan nada! La Ley de Patrimonio Público 311-14, la Ley de Salarios 105-12, la Ley 247-12, Orgánica de Administración pública y la Ley No. 107-13 sobre Derechos de las personas en sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo son, sencillamente, meras sugerencias.
Esos son los órganos, las instituciones que deberían controlar, supervisar, para que más allá de los factores socioculturales (políticos, económicos, administrativos y sociales) que concurren al interior de una formación social, no puedan anidarse en su seno ni mucho menos crecer, expandirse. Si los órganos del Estado no cumplen con las normas que los contienen y originaron, encontramos los factores internos que se dan en cada uno de nosotros como el individualismo, traducido en: codicia, avaricia, anhelo de poder y vacío existencial; el resultado no es otro que detrimental o negativo. De allí el crecimiento de la degradación, de la descomposición, sintetizada de manera holgada en la corrupción.
Tenemos que romper esa parálisis paradigmática, que nos acogota y nos impide lograr mayor justicia social, mejor equidad y mayor y mejor inversión en salud, en agua potable, en seguridad pública, en viviendas sociales. Esa plaga nos lastra y nos impide la sana convivencia y lacera de manera ostensible la exclusión. El proceso social que vivimos nos pauta a un nuevo modelado, a un nuevo moldeamiento, donde los intereses no se vean reflejados en la apropiación de lo público.
Que las regulaciones funcionen, que las oscuras y pesadas normas desaparezcan por su ineficiencia, para tener un Estado pequeño, empero, fuerte; pues un Estado débil es la llave nodal, fundamental de la corrupción. “La corrupción debilita al Estado. Y un Estado débil facilita la corrupción”. Debemos de desarrollar una ética pública que haga posible una política de Estado donde la opacidad no cobre cuerpo ni logre articularse en melodía.